El fallo del juez Kaplan a favor de Chevron es una barbaridad jurídica

 

CHEVRON TEXACO NUNCA MAS 2

En una absurda pero previsible decisión, el juez Lewis Kaplan dictaminó que la empresa Chevron–Texaco puede pasar por alto a la ley ecuatoriana y hacer caso omiso de la sentencia en firme que condena a dicha empresa a pagar 9.500 millones de dólares a los indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana en compensación por el desastre ambiental causado por Texaco durante su permanencia en nuestro país.

Desde el inicio del caso, el juez Kaplan ha demostrado una desvergonzada parcialidad a favor de la petrolera estadounidense, emitiendo juicios previos antes de conocer la causa, como cuando afirmó que “el proceso ecuatoriano no fue más que una farsa”; niega la existencia de las víctimas, prohibiendo expresamente que durante el juicio se realice cualquier referencia a los daños ambientales propiciados por Chevron-Texaco en territorio ecuatoriano, con lo cual anula el derecho de legítima defensa de los afectados, hacia los cuales ha exhibido un trato peyorativo y francamente hostil.

No contento con todo eso, Kaplan, quien es tan solo un juez de primera instancia sin jurisdicción internacional y cuyo fallo no es vinculante fuera de los EEUU, ha hecho caso omiso a la constitución estadounidense y a los llamados del propio Departamento de Justicia de dicho país, el cual no ve con buenos ojos el uso abusivo de la controversial ley RICO en este caso, puesto que viola el principio de cortesía internacional que obliga a respetar las decisiones de los tribunales de otro.

La ley RICO es un cuerpo legal estadounidense creado para combatir al crimen organizado, pero el juez Kaplan la usa contra los damnificados por Chevron-Texaco, a los que equipara con mafiosos, aduciendo que han incurrido en asociación ilícita y conspiración con el fin de atacar a Chevron-Texaco. Dicha afirmación no solo es descabellada: es miserable y constituye una burla a las miles de personas cuyas vidas han sido destrozadas por dicha empresa. Con esto se sienta un peligroso precedente a nivel mundial, pues gracias al fallo de Kaplan cualquier compañía apelará a la ley RICO para no tener que hacerse responsable de sus actos.

En última instancia, la aplicación de la ley RICO debió haberse efectuado contra Chevron-Texaco, pues se ha demostrado hasta la saciedad que han comprado jueces, fraguado documentos, presentado testigos falsos y amenazado a los demandantes.

Todos esos actos encajan dentro de la figura de conspiración y obstrucción de la justicia, pero en su escandalosa muestra de incoherencia jurídica, el juez Kaplan atribuye dichas conductas a los damnificados. ¿En base a qué?: ¡en base al testimonio de un ex juez ecuatoriano que fue destituido por corrupción y que ha reconocido públicamente que recibe un salario de parte de Chevron-Texaco!.

A Kaplan no le importa que los demandantes hayan presentado audios donde el ex juex Alberto Guerra confiesa que recibió 200.000 dólares de Chevron-Texaco para que testifique a su favor y que conjuntamente con el abogado Andrés Rivero son los encargados de comprar testigos, tal como intentaron hacer con el ex juez Nicolás Zambrano, a quien Rivera llamó en tono amenazante a decirle “usted necesita hablar conmigo (…) estoy en Manta, puedo estar en su casa, sé que usted está acompañado en su casa”. Esta llamada telefónica contiene una evidente amenaza contra la integridad física del ex juez Zambrano y de su familia, pero esta conducta mafiosa ha sido deliberadamente obviada por Kaplan. Nicolás Zambrano fue quien dictó la sentencia en Ecuador contra Chevron-Texaco, y hoy teme por su vida y con justa razón, pues conoce de los alcances del poder de Chevron-Texaco. Anteriormente fue contactado por Alberto Guerra, quien le ofreció un millón de dólares a cambio de que diga ante los tribunales estadounidenses que él no fue quien redactó la sentencia.

¿Quién es Alberto Guerra? Fue el primer juez que conoció la demanda contra Chevron-Texaco hace más de 20 años. Durante su desempeño como Ministro Juez de la Corte de Justicia de Sucumbíos fue denunciado varias veces por actos de corrupción, como el haber concedido de forma irregular amparos de libertad en 30 casos, muchos de ellos relacionados con narcotráfico y trata de personas. Hasta sus propios ex colaboradores lo reportaron ante sus superiores por falta de probidad y desconocimiento manifiesto de la ley.

 

A continuación pueden descargar un documento que muestra la conversación entre Andrés  Rivero y el ex – juez Alberto Guerra. La transcripción empieza desde la página #8 del documento. (tomado de la web Chevron Tóxico)

http://www.texacotoxico.org/wp-content/uploads/2013/05/Guerra.pdf

http://chevrontoxico.tumblr.com/post/49460641241/prueba-de-soborno-grabacion-de-conversacion-con

texaco-nunca-mas

 

Por todo ello, Alberto Guerra no es un testigo confiable, más aún cuando el mismo Guerra afirma haber participado en casos de corrupción y que se halla en Estados Unidos gracias al auspicio de Chevron-Texaco, empresa que no solo le dio un millonario soborno a cambio de su declaración fraudulenta, también le otorga un sueldo mensual de 10.000 dólares y “protección” en Miami, ciudad donde reside en la actualidad.

Cabe resaltar que Alberto Guerra no es el primer testigo que Chevron-Texaco ha comprado en este caso. Humberto Piaguaje, coordinador de los damnificados, señala también a Fernando Reyes, quien firmó declaraciones falsas donde se minimizaba el daño ambiental en el oriente ecuatoriano, y con Diego Borja Sánchez, contra quién ya se abrió un proceso por falsos testimonios en el 2009.

Chevron-Texaco y sus esbirros hoy festejan el improcedente fallo del juez Kaplan, pero eso no significa que el proceso haya llegado a su final. Los abogados y representantes de los demandantes ya se pronunciaron y afirman que no claudicarán en su justa lucha y que apelarán el fallo, llevándolo hasta las máximas instancias de la justicia estadounidense de ser necesario.

Pero no solo eso: la sentencia no afecta en nada las acciones de cobro que ya se están tramitando en otros países donde Chevron-Texaco tiene intereses. De momento dichas acciones se están ejecutando en Argentina, Brasil y Canadá, pero se espera que dentro de poco nuevos países se sumen a este proceso. Este caso ha despertado la solidaridad de todo el mundo, desde los artistas que vienen a conocer la magnitud de La Mano Sucia de Chevron, el cual es según los científicos el mayor daño ambiental del siglo XX, de gobiernos amigos que han hecho público su respaldo y de organizaciones civiles alrededor de todo el planeta. Es bueno saber que no estamos solos. Si bien el Estado ecuatoriano en sí no es parte del proceso y no recibirá ni un centavo de la indemnización, pues esta será enteramente destinada a la remediación ambiental de las zonas afectadas, su papel ha sido decisivo para evitar que Chevron-Texaco se salga con la suya. Mientras malos gobiernos como el de Lucio Gutiérrez atentaron contra sus propios compatriotas al proporcionar hospedaje en base militares y apoyo logístico a esta empresa, el actual ha demostrado su férreo compromiso con los damnificados. Los logros obtenidos se deben en gran parte a la gestión diplomática en el más alto nivel que nuestro gobierno realiza para neutralizar la campaña sucia de Chevron-Texaco contra nuestro país, gracias a la difusión de los atropellos e infamias que dicha petrolera ha cometido, hoy gente en Nigeria, Brasil e incluso dentro de los mismos Estados Unidos, se está organizando para reclamar sus derechos. No es gratuito que una de las primeras adhesiones que recibió la campaña de La Mano Sucia haya sido la de la alcaldesa de la ciudad de Richmond, Gayle McLaughlin, quien el año pasado visitó nuestro país para nutrirse de la experiencia ecuatoriana y organizar a su comunidad, la cual también ha sufrido considerables daños al estar ubicada cerca de una de las mayores refinerías de Chevron-Texaco en el mundo.

Cierro este texto con la reflexión del abogado Juan Pablo Sáenz, quien deja en claro el nulo peso legal de lo actuado por Kaplan. Los ecuatorianos podemos dormir tranquilos, que no importa a cuantas conciencias compre Chevron-Texaco, que la magnitud del daño causado es tal que más temprano que tarde tendrán que pagar por lo actuado a lo largo de este proceso:

 

“La arrogancia del Juez Kaplan le ha hecho pensar que está facultado, y calificado, para cuestionar el derecho ecuatoriano y las decisiones de sus jueces, y juzgar a ecuatorianos. El hecho simple e irrefutable es que Kaplan no tiene jurisdicción alguna sobre los ciudadanos ecuatorianos. Su ilegítima sentencia será apelada ante un tribunal superior en Estados Unidos. Las comunidades demandantes ecuatorianas están tranquilas, pues la sentencia de Kaplan no tendrá ninguna validez en las jurisdicciones donde la sentencia ecuatoriana está siendo ejecutada”.

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