Destitución inconstitucional del alcalde de Bogotá

Manifestación de apoyo al alcalde Gustavo Petro. Plaza Bolívar, Bogotá, 11 de diciembre, 2013.
Manifestación de apoyo al alcalde Gustavo Petro. Plaza Bolívar, Bogotá, 11 de diciembre, 2013.

Un grave golpe al orden democrático se produjo el pasado 9 de diciembre en Colombia, cuando el ultra derechista Alejandro Ordoñez, Procurador General del Estado y conocido por su defensa de militantes uribistas relacionados con la parapolítica, en flagrante abuso de funciones y en contra de lo establecido en la constitución colombiana, ordenó la destitución del Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, a quién además inhabilitó políticamente durante los próximos 15 años, con lo cual se asegura el fin de la carrera política de Petro, quien sonaba como la carta fuerte de la izquierda colombiana para las próximas elecciones presidenciales.

Escudado en leguleyadas y dudosos tecnicismos, Ordoñez no solo busca eliminar a Petro como potencial rival de su jefe Álvaro Uribe –quien tiene más poder en Colombia que el mismo presidente Juan Manuel Santos-, sino también sabotear las conversaciones de paz que se vienen desarrollando con representantes de las FARC en La Habana, Cuba. El mensaje de Ordoñez es claro: mientras él sea Procurador, se perseguirá sistemáticamente a los opositores de izquierda, quienes carecen de garantías y derechos políticos en la práctica. Recordemos que el mismo Procurador Ordoñez consiguió la destitución y fin de la carrera política de la Senadora Piedad Córdova, quien durante años fue la única política colombiana hacia la cual las FARC sentía respeto, condición que le permitió mediar y lograr la liberación de varios secuestrados por la guerrilla. Debido a su creciente popularidad y a sus denuncias de vínculos entre el uribismo y los paramilitares, la senadora Córdova se convirtió en una piedra en el zapato para la ultraderecha colombiana, la cual mandó a su perro de presa –el Procurador Álvarez- a que la anule.

El Procurador Ordoñez, contradiciendo los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia, ha dispuesto la absolución de uribistas involucrados en casos de parapolítica, como Ciro Ramírez, Luis Alfredo Ramos y Luis Humberto Gómez Gallo, quienes se salvaron debido a su coincidencia ideológica con Ordoñez, quien ha desconocido todas las pruebas presentadas por la fiscalía en contra de los mencionados parapolíticos.

Regresando al caso del alcalde Petro, tenemos que la excusa para alejarlo de sus funciones, es una supuesta “crisis” sanitaria que duró tres días –del 18 al 20 de diciembre del año pasado- en Bogotá, donde los servicios de recolección de basura no funcionaron adecuadamente. Esta “crisis” se debió al fin del contrato de las empresas privadas que se encargaban de la recolección de basura en Bogotá, cuyas competencias tenían que pasar a empresas municipales. Como en todo proceso de cambio, no se puede esperar que las cosas funcionen inmediatamente a la perfección, sobre todo cuando se detectaron intentos de sabotaje desde el propio cabildo bogotano, donde las empresas privadas cuyos contratos habían fenecido, mantenían un poderoso lobby. Cabe señalar que durante su campaña para captar la alcaldía, Petro había dejado en claro su intención de que la recolección de basura pase a manos municipales, esta fue una de las propuestas con las que ganó las elecciones, pues la población veía con buenos ojos su propuesta de “una Bogotá más humana” donde se incluya a la población recicladora en la toma de decisiones.

En el siguiente link pueden leer la confesión de Emilio Tapia, ex funcionario del cabildo bogotano, quien narra como se fraguó con anticipación el caos de la basura con el fin de que Petro sea destituído: http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/el-caos-de-basuras-fue-premeditado-articulo-463430

Alcalde Gustavo Petro
Alcalde Gustavo Petro

Debido a los tres días durante los cuales se ajustaba el proceso de traspaso de competencias entre las empresas privadas y las municipales, es que Ordoñez ordena la destitución de Petro, a quien acusa de “dolo” –entiéndase corrupción- y de haber vulnerado “los principios de libre empresa y competencia”, como si aquellos estuvieran por sobre la Constitución colombiana, la cual en su artículo 323 señala que “en los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al alcalde mayor de Bogotá)”. Entonces, solo el Presidente puede tomar dicha decisión, lo cual demuestra que el Procurador Ordoñez se extralimitó de funciones guiado por un cálculo político. Al ser la constitución colombiana tan clara y tajante al respecto, es de esperar que no proceda de la destitución de Petro, al menos eso sería si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –ente que ha mantenido un sospechoso silencio en este caso- actúa de la misma forma como lo hizo en el 2009, cuando evitó la inhabilitación del opositor venezolano Leopoldo López. De igual forma, la OEA ha dicho que no se va a manifestar hasta que se “agoten las instancias nacionales”, es decir, no quiere interferir… si esta situación se hubiera dado con un alcalde de derecha en un país progresista, de seguro ya habrían mandado a una comisión a investigar el caso y a “defender el orden democrático”, pero al ser Petro un hombre de izquierda, no se lo defiende con la misma celeridad desde los organismos multilaterales… no es gratuito que todos ellos tengan su sede en los EEUU.

La intención de este texto es llamar a los hermanos colombianos a que defiendan de forma pacífica a su constitución, que no se permita que por el sesgo ideológico de un funcionario plenamente identificado con la parapolítica, se derrumbe un proceso político de izquierda popular como el impulsado por Gustavo Petro. Toda Latinoamérica debe mantenerse vigilante de lo que suceda en las próximas horas en Bogotá, pues de concretarse este atropello se sentaría un grave precedente que podría tener graves implicaciones a nivel regional.

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