Sesgo en el documental de Pocho Álvarez: lo que omite sobre el Intag.

El nuevo trabajo documental de Pocho Álvarez, “A cielo abierto, derechos minados”, bien podría cambiar su nombre por “A odio abierto, verdades minadas”, pues si bien contiene información relevante, esta es presentada de forma descontextualizada con la intención de atribuir al actual proceso político la responsabilidad total de un problema que se viene arrastrando desde 1992, cuando una empresa japonesa realizó trabajos previos a la explotación minera de la zona.

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Los incidentes narrados en el film de Álvarez  transcurren durante las presidencias de Sixto Durán Ballén, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio… sospechosamente, ninguno de dichos ex mandatarios es mencionado. Repasemos los hechos concretos:

–       En 1992 inicia la exploración del terreno de parte de la empresa japonesa JICA – CODIGEM, parte del conglomerado MITSUBISHI.  En dicha época –gobierno de Sixto Durán Ballén- no existía un Ministerio del Ambiente que regule la actividad minera, pero por sobre todo, no había la voluntad política de hacerlo, pues dentro de la larga noche neo liberal se perdió el concepto de soberanía y las empresas extranjeras incumplían con los parámetros mínimos de seguridad ambiental, usando maquinaria y técnicas vetustas con el fin de abaratar costos. Nunca se menciona a Sixto.

–       En el 2003, el gobierno de Lucio Gutiérrez otorga la concesión de la zona a la empresa canadiense Ascendant Copper Corporation. Dicha empresa es señalada en el documental como la causante de varios delitos y de fomentar la división dentro de la comunidad… pero jamás se dice que fue Lucio quien la trajo al país. La primera denuncia de hechos violentos de parte de la minera contra la comunidad se da el 14 de noviembre del 2004, con Gutiérrez en el poder.

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–       Entre el 2005 y el 2006, siendo presidente Alfredo Palacio, la situación se vuelve insostenible: el 10 de diciembre del 2005, un grupo de comuneros desmantela y quema el campamento de la empresa traída por Lucio, afortunadamente, no se producen heridos. La tensión aumenta, los canadienses recurre a procedimientos poco éticos como el empleo de fuerzas paramilitares para intimidar a la población, la cual se halla dividida entre quienes se oponen a la explotación minera y entre quienes la apoyan.

Scomercio 2006

El 2 de diciembre del 2006, los mercenarios de Ascendent intentan ingresar a la fuerza a la zona, se produce un intercambio de balas y la comunidad capturan y retienen a 56 hombres de la minera, los cuales finalmente son entregados a la policía. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) denuncia el doble discurso del Ministro de Energía del gobierno de Palacio, Iván Rodríguez.

–       15 de enero del 2007, se posesiona como Presidente de la República del Ecuador al economista Rafael Correa Delgado. Todos los hechos violentos narrados por Álvarez suceden antes de su ascensión al poder.

–       26 de septiembre del 2007, el gobierno encabezado por Rafael Correa, a través de su Ministro de Energía, Galo Chiriboga – actual Fiscal General de la Nación – suspendió las actividades de la minera canadienes Ascendant Copper por no contar con el permiso del Ayuntamiento de Cotacachi. Chiriboga también señala que dicha empresa ha generado conflictos sociales graves en la zona, motivo por lo cual la suspensión es total.

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Este hecho clave es deliberadamente omitido en el documental de Pocho Álvarez, quien además recurre a la mutilación y cambio de velocidad –para generar un efecto grotesco- de las palabras del Presidente Correa durante los enlaces ciudadanos, todo con el fin de hacerlo quedar como el villano de la película.

Para Álvarez resulta más rentable “tirar el muerto” al actual Presidente, Rafael Correa, que señalar a los verdaderos culpables de los incidentes violentos y del daño ambiental en Intag provincia de Imbabura.

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Omitir y manipular a su antojo hechos relevantes como hace Álvarez, es vender una visión reduccionista y parcializada de la problemática, amén de una clara demostración de falta de ética profesional de parte de dicho documentalista, quien no ha tenido ningún problema en financiar sus proyectos con dinero entregado por el Ministerio de Cultura del mismo gobierno al que torpemente intenta desprestigiar.

Echar la culpa a Correa le garantiza la  solidaridad de medios privados; Fundamedios, AEDEP, la ultra derecha devenida en neo ecologistas de ocasión y de ONG’s extranjeras siempre prestas a interferir en la política interna de nuestro país. Álvarez lo sabe y por ello ha emprendido una agresiva campaña publicitaria con el fin de victimizarse, pero los hechos se encargan de desmentir su jugarreta.

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