¡A defender nuestra Nueva Ley de Comunicación!

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Al fin, tras esperar exactamente 1302 días, se cumplió el mandato ciudadano expresado en las urnas durante la Consulta Popular del 2008. El pasado viernes 14 de junio, con un promedio de 108 votos a favor, se aprobó por títulos la Nueva Ley de Comunicación, poniendo fin a la manipulación descarada de información por parte de los medios privados. Obviamente la furibunda reacción de estos y de los escasos lobbystas que les quedan dentro de la Asamblea Nacional no se hizo esperar y han vertido toda clase de mentiras y amenazas con el fin de confundir a la población.

 

 

Por este motivo, considero pertinente aclarar los puntos de dicha ley que de forma deliberada han sido malinterpretados por los medios privados:

 

Tal vez la mayor patraña que se ha vertido contra la Nueva Ley de Comunicación, es que desde el Estado se implementará una especie de “censura previa”. Totalmente falso. Lo que la ley plantea es la responsabilidad ulterior de los comunicadores sociales, que ya no podrán lanzar acusaciones en falso como han estado acostumbrados a hacer durante décadas. A partir de hoy, cada periodista y medio de comunicación es responsable los contenidos que emite, con lo cual se precautela el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz.

Así como el médico que por negligencia profesional pierde la vida un paciente, o el constructor que pone sobreprecio a una infraestructura y es descubierto usando material de mala calidad, enfrentan consecuencias legales, lo mismo se aplica con los malos periodistas que no sean éticos en su labor. Esto no se trata de censura, sino de responsabilidad.

Al crearse la figura legal del linchamiento mediático se busca frenar los excesos de la prensa, acostumbrada a juzgar sin ninguna prueba sólida a los ciudadanos. Ahora contamos con un instrumento legal para defendernos de la calumnia y el acoso de los medios.

 

 

Llegó el fin de la telebasura
Llegó el fin de la telebasura

 

 

Existirá un mayor control sobre la parrilla televisiva, con el fin de evitar que se sigan emitiendo programas y publicidad de contenido violento o sexualmente explícito en horarios de protección al menor. Esto en teoría ya existía, pero la famosa “auto regulación” de los medios nunca cumplió con su labor de precautelar los intereses de nuestra población. ¿Acaso alguien puede estar en contra de esto?

Esta medida hace tiempo que ha sido aplicada de forma estricta en varios países y nadie ha protestado, pero nuestros canales de televisión están indignados pues ya no podrán lucrar con la exhibición de cuerpos femeninos semidesnudos a cualquier hora, ni mostrar sangrientas imágenes de mutilaciones y demás atrocidades para sus “noticieros” de crónica roja.

Cabe resaltar que esta medida también es válida para la prensa impresa, pues infames diarios amarillistas como “El Extra” o revistas pseudo porno como “Soho” ya no podrán ser comercializadas en las estanterías de la calle a vista de todo el mundo. Deberán moderar sus portadas y contenidos en pro del bien común, o ser distribuidas en sitios específicos donde sus anti valores machistas no sean accesibles a los menores de edad. Si desean mantener su línea editorial, tendrán que empezar a distribuir en sex shops y punto.

 

 

Otro punto que ha llenado de pánico a los conglomerados mediáticos y a sus amiguitos de ONG’s vinculadas a gobiernos extranjeros, es la redistribución de las frecuencias de radio y televisión.

Con la Nueva Ley de Comunicación, la distribución de concesiones queda así: 33% para medios estatales, 33% seguirá en manos de medios privados y un 34% para las comunidades.

Esto les indigna particularmente, pues por primera vez etnias marginadas tendrán acceso a sus propios medios de comunicación, recuperarán su voz. Indígenas, afroecuatorianos, montubios, etc, por fin serán visibilizados. Citando al filósofo mexicano Fernando Buen Abad, quien es uno de los máximos exponentes del pensamiento latinoamericano:

En materia de comunicación, los pueblos han sido silenciados históricamente, obligados a hablar en otro idioma, a pensar con otros valores, a interpretar el universo desde otras perspectivas, a violentar sus identidades.

– Entrevista publicada en el suplemento cultural “CartóNpiedra” de Diario El Telégrafo, 16 de junio, 2013.

También cabe una crítica a ciertos programas transmitidos por los canales incautados por el Estado, como “Mi recinto” de TC Televisión, comedia que cae en la vulgaridad y perpetúa estereotipos negativos contra el pueblo montubio. Dicho programa deberá replantearse totalmente o salir del aire. Los canales en control del Estado deben ser los primeros en dar el ejemplo y respetar la ley.

Recordemos que existe un precedente del año 2009, cuando el Presidente Correa tuvo que intervenir y solicitar que sea retirado el repugnante programa de Laura Bozzo. Esperemos que los directivos de TC y otros medios no requieran de un nuevo jalón de orejas y procedan a cumplir con la ley de forma inmediata. Tal como reclamó el Presidente en dicha ocasión: hay que ser consecuentes.

 

 

joseph pulitzer

 

 

La Nueva Ley de Comunicación está diseñada para estimular el desarrollo profesional del quehacer periodístico. El comunicador social tiene una gran responsabilidad hacia la comunidad, pues maneja información y datos sensibles, que mal usados pueden generan conmoción social.

Hace poco los grandes grupos oligopólicos pertenecientes a pocas familias acaparan gran cantidad de medios de comunicación para defender sus intereses. Recordemos que en el 2004 la pelea entre los canales del grupo Isaías –hoy en manos del Estado- con Teleamazonas del grupo Egas –investigados por la venta falsa de su canal de televisión-, estuvo a punto de provocar un nuevo feriado bancario. A estos irresponsables no les importó desestabilizar al país en pro de defender su pedazo del pastel.

Se impone la profesionalización del sector, que ya no sean “caras bonitas” sin ética profesional ni una adecuada formación los responsables del manejo de la información. El título universitario será una condición indispensable para ejercer, tal como sucede en otras profesiones y países.

Los medios vinculados a la oligarquía aducen que esto genera desempleo, lo cual es una falacia. En primer lugar, esta medida no es de aplicación inmediata, sino que se da un plazo de 6 años para que la gente que ha trabajado años sin título empiece o culmine sus estudios.

 

 

Sobre el manejo de redes sociales también se ha dicho cualquier barbaridad. Es falso que se coarta la libertad de expresión, pues las opiniones personales y contenidos compartidos por personas particulares en redes sociales, micromedios, blogs y demás no serán regulados por la Nueva Ley de Comunicación. El único cambio con respecto a la legislación actual es que desde las cuentas y páginas web institucionales de los medios de comunicación solo se puede emitir información comprobada y cuya fuente esté plenamente identificada. Esto evitará la propagación de rumores e insultos.

Por ejemplo, Martín Pallares, el nerviosito editor de contenidos multimedia de Diario El Comercio, ya no podrá aprobar la publicación de insultos contra la honra de las personas, por más que estos hayan sido emitidos por un tercero.

Los usuarios normales de redes sociales, micromedios, blogs y demás, no debemos preocuparnos, a menos que lancemos calumnias y/o amenazas hacia otro usuario. Más claro: el que nada debe, nada teme.

Esta disposición ya existe desde hace tiempo, incluso periodistas opositores como el mismo Pallares o la supuesta “cineasta” Betty Escobar han hecho uso de ella cuando algún desubicado los ha amenazado vía twitter. En ambos casos, la reacción del Ministro del Interior José Serrano fue inmediata en pro del cumplimiento de la ley, sin importar la tendencia política de los involucrados.

 

 

Con esta nueva legislación, se impulsa el desarrollo de las industrias publicitaria, audiovisual y musical, al exigir que el 50% de los contenidos emitidos sean hechos en el Ecuador. Esto generará gran cantidad de plazas de trabajo –sobre todo para los jóvenes-, incentivará la producción nacional y fomentará la identidad nacional.

En vez de ver y escuchar los mismos “enlatados gringos” que se vienen emitiendo desde hace décadas, se brinda una oportunidad al talento nacional. Está en manos de los artistas y productoras aprovechar este chance, talento hay de sobra, tal como lo prueban el resurgimiento del cine nacional y los recientes premios obtenidos en importantes festivales internacionales, así como el que nuestros músicos sean cada vez más solicitados para conciertos en el extranjero.

 

 

César Ricaurte, de Fundamedios, la ONG's favorita de la USAID
César Ricaurte, de Fundamedios, la ONG’s favorita de la USAID

 

 

Estos son algunos de los aspectos de la Nueva Ley de Comunicación que los ciudadanos debemos conocer, pues los medios privados han empezado su ofensiva para distorsionar la intencionalidad y alcance real de esta reforma.

El mismo viernes, antes de que se aprobara la ley, el contubernio internacional fue evidente, cuando los mediocres diarios colombianos emitieron un comunicado “solidarizándose” con sus pares.

Se descubrió que esta “solidaridad y preocupación” había sido previamente acordada el 6 de junio, cuando César Pérez (El Universo), Andrés Hidalgo (El Comercio), César Ricaurte (Fundamedios / USAID) y Diego Cornejo (Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos), viajaron a Bogotá para mendigar respaldo de parte de Nora Sanín, directora de Andiarios, un grupo que abarca 53 medios impresos. Sanín, quien defiende los mismos intereses de clase y visión ultra derechista de los arriba citados- obviamente les dio su respaldo.

El colmo del descaro fue el uso malintencionado y alterando el contexto de una foto del activista por los derechos humanos Pedro Restrepo en la portada de Diario El Espectador. Se quiso engañar a la opinión pública colombiana al pasar una foto del 2004 como si fuera reciente.

Estos mismos diarios colombianos carentes de toda ética, ya anunciaron a través de su vocero Ignacio Gómez que van a impugnar nuestra ley ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)… ¿Desde cuándo los periódicos extranjeros se creen con derecho a abolir una ley ecuatoriana dictada por nuestra Asamblea Nacional en cumplimiento de un mandato popular?

 

 

Se abrirán nuevos frentes de ataque, sobre todo desde ONG’s financiadas por los Estados Unidos, de organismos multilaterales parasitarios y de representantes de la derecha internacional, pero de poco les servirá: el pueblo ecuatoriano dio su voto en las urnas por esta Nueva Ley de Comunicación y haremos respetar nuestra soberanía.

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